Cuándo se produce el impago de la obligación dineraria y se convierte al cliente en moroso

Para que un cliente pase a ser considerado como moroso, primero debe producirse un impago.  En este post veremos cuándo el Derecho considera que hay un impago y el deudor se convierte legalmente en moroso.

El impago de la obligación pecuniaria en las transacciones mercantiles

Para la Ley es importante que una deuda sea:

• cierta
• lícita
• pecuniaria, o sea que tiene por objeto la entrega de una cantidad de dinero
• determinada, para que exista una deuda de dinero debe determinarse su cantidad
• líquida, la liquidez es un concepto que sólo opera en las obligaciones de dinero y hace referencia a la determinación concreta de la cantidad a entregar
• vencida, para que una deuda esté vencida debe haber llegado el día de su término o haberse cumplido la condición
• exigible, una deuda es exigible cuando no hay impedimento legal que impida su reclamación

Así las cosas, el acreedor está obligado a presentar los documentos mercantiles que prueben todos estos puntos ya que el Derecho le exige la carga de la prueba.

En cuanto al vencimiento de la obligación de pago, el Derecho Mercantil no tolera dilaciones, excepto si se han previsto en el contrato o en la legislación. Podemos comprobar que el artículo 61 del Código de Comercio no permite a los Tribunales que se reconozcan “términos de gracia, cortesía u otros, que bajo cualquier denominación, difieran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino los que las partes hubieran prefijado en el contrato o se apoyaren en una disposición terminante de Derecho”. 

Esta norma pretende garantizar la rapidez y la seguridad en las transacciones, puesto que el tráfico mercantil no tolera retrasos en el cumplimiento de las obligaciones ya que el tiempo es dinero. Y aunque en el momento del vencimiento de la factura el deudor se declare insolvente, no hay que olvidar el artículo 1911 del Código Civil establece que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.

Como hemos visto, el artículo 62 del CCom marca unos plazos delimitados para el complimiento de las obligaciones: “Las obligaciones que no tuvieron término prefijado por las partes o por las disposiciones de este Código, serán exigibles a los diez días después de contraídas, si sólo produjeran acción ordinaria, y el día inmediato si llevaren aparejada ejecución”.

Con la entrada en vigor de la reforma de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, se ha fijado el plazo legal de pago para las liquidaciones diferidas de facturas, puesto que el artículo 4.1. de la citada Ley establece:

Artículo 4. Determinación del plazo de pago.  

1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor será el siguiente:

Sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes.

Por consiguiente, el impago de la obligación se produce al día siguiente del plazo legal o contractual señalado en la factura, es decir en el momento que la deuda está vencida. El Derecho Español considera que una deuda está vencida cuando llega su fecha de vencimiento y en consecuencia resulta exigible a partir de ese momento. La Jurisprudencia declara que una deuda es exigible cuando no existen circunstancias que impidan su reclamación. 

El conocer cuando surge la exigibilidad de una deuda es importante ya que a partir del momento en que es exigible devengan automáticamente intereses moratorios. Podemos comprobar la importancia que tiene para el acreedor tener una documentación que le permita acreditar los hechos y tener una base legal para reclamar su derecho de crédito.

¿Cuándo se convierte el deudor en moroso?

La mora del deudor se define como el retraso culpable en pagar la deuda, subsistiendo, a pesar de esto, la posibilidad de cumplir la obligación en forma específica. Consecuentemente, el retraso culpable en el cumplimiento de una obligación se denomina jurídicamente mora, y por consiguiente es moroso el deudor que no paga en tales circunstancias. En consecuencia, se considera que el deudor se halla en mora cuando su obligación está vencida y retrasa su cumplimiento de forma culpable. 

La mora del deudor en si, desde el punto de vista formal, no supone un incumplimiento definitivo de la obligación de pago, sino simplemente un cumplimiento tardío de la obligación. El que un deudor haya incurrido en morosidad presupone la posibilidad de que el moroso puede llevar a cabo el cumplimiento en un momento posterior al vencimiento del pago. Esto es lógico puesto que al acreedor le sigue interesando el cumplimiento de la obligación aunque sea con cierto retraso.

Cheques, pagarés y letras: los documentos cambiarios

Puede darse el caso de que el acreedor haya conseguido del cliente la entrega de un documento –cheque o pagaré– para cobrar la mercancía o servicio en el momento de su entrega –o con posterioridad a la misma–; o bien que el comprador haya efectuado el pago aplazado con la entrega de pagarés o letras. Este proceder es más que recomendable, puesto que de esta forma el acreedor verá reforzada su posición, ya que la ley otorga a estos documentos –tienen el carácter de títulos valores– unos derechos especiales que permiten al acreedor reclamar el pago con muchas más garantías de éxito.

Los tres documentos cambiarios están regulados por una ley propia: la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque (LCCH). Los títulos cambiarios, además de tener un carácter probatorio de la deuda, permiten al acreedor interponer demandas judiciales muy expeditivas. En efecto, el acreedor tiene la posibilidad de acudir al Juicio Cambiario, que es un procedimiento privilegiado para ejercer la acción cambiaria, introducido por la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, en sustitución del antiguo juicio ejecutivo (Ley 1/2000 de 7 de enero que entró en vigor el 9 de enero de 2001). Una de las grandes ventajas del Juicio Cambiario es que permite obtener un requerimiento de pago y una orden inmediata de embargo preventivo de los bienes del deudor, mediante la rápida creación de un título ejecutivo.

Cuando el acreedor está en posesión de un documento mercantil tiene en sus manos lo que se conoce como un crédito documentado y al mismo tiempo posee un reconocimiento explícito de deuda firmado por el deudor. En caso de impago la reclamación será mucho más fácil puesto que el moroso se encontrará con que el campo de excusas para no pagar se le ha quedado muy limitado. La existencia de un documento de pago sin fondos también implica un mayor grado de incumplimiento por parte del deudor, puesto que el moroso no ha actuado de forma pasiva –limitándose a retrasar el pago– sino que deliberadamente ha incumplido un compromiso de pago materializado en un documento –que lleva su firma– con mención expresa de la fecha de pago y el importe. En estas circunstancias la conducta del moroso queda en evidencia y su incumplimiento es flagrante, y por este motivo el acreedor podrá ejercer una mayor presión en el momento de exigirle el pago de la deuda.

De todas formas, es conveniente que el acreedor –además de estar en posesión del documento mercantil– tenga en su poder alguna documentación que acredite la existencia de una operación comercial con el deudor, y que pueda demostrar el origen de la deuda. Esto es así para evitar que un moroso experimentado pueda oponerse al pago –en una demanda judicial– alegando que no ha existido una causa que haya originado la deuda –letra de favor, documento firmado en blanco, inexistencia de una relación negocial– o que ya la hubiera pagado. En resumen, que cuantos más documentos acreditativos tenga en su poder el acreedor, más fuerza tendrá a la hora de exigir el pago al moroso.

El gobierno quiere acabar con la deuda de los ayuntamientos

Se estima que la deuda de las administraciones públicas con sus proveedores ronda los 40.000 millones de euros. Además, el 97% de las administraciones incumple el plazo de pagos para a proveedores, establecido en 40 días por la Ley contra la Morosidad. 

Y es que la morosidad de las administraciones públicas supone el principal foco de destrucción de autónomos, empresas y empleo. La media de cobro se sitúa en 164 días, cifra similar a Grecia, y que prácticamente triplica la media de la Unión Europea.

Para tratar de abordar esta situación, el gobierno va a poner en marcha un mecanismo para garantizar el pago de facturas pendientes a proveedores mediante un consorcio bancario formado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las entidades bancarias.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) considera esta medida como un balón de oxígeno para cientos de miles de autónomos que están pasando por una situación muy complicada, ya que permitirá establecer un mecanismo más ágil para que el autónomo pueda cobrar las facturas pendientes. 

Como paso previo a la aprobación de este mecanismo, los ayuntamientos deberán enviar a Hacienda, antes del 15 de marzo, la lista de facturas pendientes de pago a sus proveedores para elaborar un inventario de las deudas. El mecanismo fijará como criterios para la prioridad de cobro el descuento ofertado sobre el importe principal de la obligación pendiente de pago o la antigüedad de la factura.

En caso de que alguna deuda no aparece en las listas de los ayuntamientos, las empresas y autónomos podrán reclamar un certificado si aportan la documentación necesaria, siempre que sus facturas se hayan emitido con fecha anterior al 1 de enero de 2012. Por su parte, las corporaciones locales tendrán que remitir un plan de ajuste, antes del 31 de marzo, que les permita hacer frente al pago de dichas deudas en el futuro.

Consejos para optimizar los cobros de tu empresa

Contar con una buena política de cobros puede ser crucial para evitar impagos. El diario cincodias.com recoge una serie de consejos a tener en cuenta a la hora de establecer las condiciones del sistema de cobros de una empresa. 

 

En primer lugar, es indispensable incluir en el contrato las condiciones de venta a crédito, precisando las consecuencias de presentar algún retraso en el pago. 

 

También es importante establecer un límite de riesgo para cada uno de los clientes de la empresa. La clave para definir estos topes de crédito es contar con la mayor información posible para tomar decisiones, tanto en lo referente a la capacidad de crédito de la empresa como la solvencia del comprador.

Es necesario documentar cada venta para dejar constancia de la misma con, al menos, una orden de pedido, un albarán y la factura.

Fijar medidas especiales para los casos de retraso en el pago de las facturas, como por ejemplo, cobro de intereses, de demora o costes administrativos de recuperación. Para las operaciones comerciales, específicamente entre empresas, el cobro de los intereses de demora y los costes de recuperación son los que recoge la Ley contra la Morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre).

Desde CincoDías, también señalan la conveniencia de contar con el apoyo de empresas especializadas en servicios de gestión de impagos, como Directcobro, para externalizar una o varias fases de la gestión de deudas en caso de que sea necesario.

En caso de que se produzcan irregularidades en el pago de facturas, es aconsejable no efectuar nuevas ventas a crédito a estos clientes, aunque se pueden hacer excepciones atendiendo al tipo de cliente y la cuantía de la deuda.

Finalmente, en cualquier proceso de gestión de crédito, es importante asegurar que todos los trabajadores de la empresa conocen la política de cobros y la respetan, especialmente los comerciales.

Cómo gestiona Directcobro el recobro de deudas

En Directcobro somos precursores en el recobro con amplia cobertura, ya que ofrecemos servicios de reclamación judicial y extrajudicial, así como de investigación y embargo de patrimonio de deudores nacionales y de la Unión Europea. 

Cuando se produce un impago, se inicia un proceso extrajudicial para la recuperación de la deuda. Una vez que el cliente da de alta el expediente a través de nuestra web, nuestros asesores se ponen en contacto con el deudor por escrito, dándole un plazo de diez días para satisfacer la deuda y facilitándole el número de cuenta donde ha de efectuar el pago.

Si el deudor salda la deuda, se archiva el expediente. En caso contrario, se puede iniciar un proceso judicial para reclamar la deuda ante los tribunales. Nuestro equipo de abogados redacta la demanda y la remite al cliente por correo electrónico, indicándole de forma detallada los pasos a seguir para su interposición. 

En el caso de que el deudor siga sin pagar ni oponerse, el cliente puede pedir la ejecución de la demanda. En todo momento, un experto equipo de abogados asesora y atiende las peticiones de nuestros clientes, toda la información que necesitan. 

Para garantizar la total tranquilidad de nuestros clientes, ofrecemos nuestros servicios bajo unas cuotas fijas mensuales, evitando gastos imprevistos. El importe de estas mensualidades dependerá del servicio contratado, pudiendo elegir entre diferentes paquetes de servicios, dependiendo de las necesidades. 

Puede obtener más información sobre los servicios de Directcobro y cómo ampliarlos en nuestra web.  

Los impagos destruyeron 300.000 empresas en 2011

En 2011 hubieron en toda España 6.755 concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos), que han aumentado en un 13,3 %, en comparación con 2010. Esta cifra supone un nuevo récord desde que entró en vigor la Ley Concursal en 2004 y refleja un empeoramiento de la crisis.

Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que registró el mayor número de deudores concursados, 1.507; seguida de la Comunidad Valenciana, con 995; Madrid, con 849, y Andalucía, con 784. De este modo, estas cuatro autonomías concentraron el 61,2 % del total. Por el contrario, las comunidades que tuvieron menos concursos en 2011 fueron La Rioja, con 42, y Cantabria, con 60.

Según la Estadística del Procedimiento Concursal publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una de cada tres empresas que se declararon en concurso en 2011 se dedicaba a la construcción y promoción inmobiliaria, un sector que ha pasado de ser el principal motor de la economía española a uno de sus mayores lastres.
 

Durante 2011 se han destruido unas 300.000 empresas y las insolvencias registradas han causado pérdidas por importe de 35.000 millones. La cifra de empresas insolventes se incrementó el 16,7 % en 2011, y alcanzó las 5.821, en tanto que el número de personas físicas que se declararon en concurso disminuyó el 3,9 %, hasta las 934.

En cuanto a los autónomos, las personas físicas con actividad empresarial, los procedimientos concursales se redujeron el 11,1%, hasta 233, lo que, para estos profesionales, refleja su empeño en defender tanto los puestos de trabajo de sus asalariados como en responder de las deudas contraídas con terceros. Para la secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), María José Landaburu, no es que estos profesionales hayan dejado de cerrar sus negocios, sino que lo hacen "sin deudas con sus acreedores", como evidencia este recorte en los concursos de autónomos.

Respecto a los datos anuales según el tipo de concurso, 6.472 fueron voluntarios, un 14,5 % más que el año anterior, y otros 283 fueron necesarios, el 9,3 % menos que en 2010. Según la clase de procedimiento, los abreviados crecieron el 17,4%, mientras que los ordinarios se redujeron el 24%.

Por tipos de empresas, el número de personas físicas con actividad empresarial se redujo el 11,1 %, como ya hemos dicho, mientras que el de sociedades de responsabilidad limitada creció el 18,2% y el de sociedades anónimas lo hizo el 14,1 %.

Las empresas españolas, a la cabeza del recobro interno y jurídico

Un informe reciente revela que las empresas españolas, hacen un uso intensivo del recobro llevado a cabo, tanto por departamentos internos, como por profesionales especializados en el recobro legal. 

 
El informe, llevado a cabo sobre una muestra de 27 mercados, concreta que el uso del recobro legal es especialmente notable en mercados europeos como Eslovaquia (76%) o la República Checa (74%). En este sentido, España se encuentra por encima de otros mercados de su entorno en el uso del recobro legal externo, gestionado por parte de las empresas para reforzar su eficacia ante los impagados, ya que el 49% de las empresas españolas hacen uso de estos servicios.

 
Más notable es el recobro interno, teniendo en cuenta que el 85% de las empresas españolas cuenta con departamentos propios dedicados exclusivamente a recuperar los créditos impagados. Estos datos sitúan a nuestras empresas a la cabeza del mundo en el desarrollo del recobro interno, a pesar de que el recobro está más extendido entre las empresas de Norteamérica y Asia Pacífico que en Europa. 

 
Frente a este dato, las empresas españolas se sitúan a la cola de Europa en la contratación de externas agencias especializadas en el recobro telefónico, a la hora de recuperar sus impagados, ya que sólo el 23%, una de cada cuatro, ha contratado estos servicios en los últimos 12 meses. Se trata de uno de los porcentajes más bajos de Europa, aunque lejos del mínimo del 6% que marca Grecia.

 
Por último, sólo el 1% de las empresas españolas utiliza como estrategia la venta de sus deudas impagadas, en contraste con el 35% de las empresas de Francia que hacen uso de esta práctica. 

En este sentido, y dada la actual situación, la profesionalidad y la experiencia de empresas como Directcobro, son más necesarias que nunca para garantizar la eficacia del recobro, y más en un mercado como el español.