Desde el uno de septiembre se ha hecho efectiva la entrada en vigor de los ajustes fiscales que el Gobierno aprobó el pasado julio, en los que se establece un recargo "temporal y extraordinario" de seis puntos porcentuales en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF). Esta subida afecta de forma directa al colectivo de profesionales autónomos, quienes perderán, como mínimo, el 9% de sus ingresos, cantidad que resulta de los incrementos del 6 y 3% de IRPF e IVA respectivamente; ya que para aquellos profesionales autónomos del grupo de actividades especiales, como servicios para la salud y deporte o educación, las pérdidas supondrán un 19% (6% IRPF y 13% IVA).
Este incremento tendrá repercusiones lógicas sobre la tributación del colectivo de profesionales autónomos y microempresas, principales afectados, muchos de los cuales optarán por integrarse en el sistema paralelo de economía sumergida que, según declaraciones del presidente Rajoy, es "imposible" controlar.
La economía sumergida en España se sitúa en un 19,2% actualmente. Si tenemos en cuenta el volumen de ingresos fiscales de este colectivo y valoramos las repercusiones de estas medidas de presión, se calcula que la desviación fiscal ascenderá a más de 20.000 millones de euros anuales, sumados a los más de 220.000 millones de euros actuales, más del 5,5% del PIB oficial.
Subida confiscatoria
En palabras de Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), estamos ante una "subida confiscatoria", equiparable a la impugnada por el Colegio de Abogados de Barcelona en el año 99 y declarada nula por el Tribunal Supremo en sentencia del 2000.
Según Reyna, los efectos de los ajustes no serán cuantificables hasta los primeros meses de 2013, dado el "oportunismo" del periodo elegido por el Gobierno para la efectividad de las subidas, y por el natural comportamiento del consumo. Reyna, confirma que será a partir de enero y febrero de 2013 cuando se podrá valorar la caída real del consumo y por tanto, sus repercusiones fiscales.
Otro efecto es el "hundimiento del microempresario" y la pérdida del bagaje cultural de pequeñas empresas consolidadas, según opina Juan José de los Mozos, presidente de la Asociación de Asesores Fiscales y Gestores Administrativos (Asefiget), quienes no tienen capacidad de defenderse y optarán por la economía sumergida como solución de supervivencia.
Ambos coinciden en que la amenaza real del incremento de la economía sumergida y el fraude fiscal favorecerá la aparición de una competencia desleal, que se traduce en empobrecimiento de la calidad de los servicios profesionales, dada la falta de control y regulación; lo que beneficiará la picaresca de trabajadores no cualificados.
Alternativas 'ignoradas'
Desde Upta y Asefiget coinciden en que, el profesional autónomo "no quiere entrar en un sistema de economía informal" sino que se ve abocado a "supervivir en una economía de superviviencia", tal y como apunta Sebastián Reyna.
Tanto Reyna como de los Mozos resaltan que uno de los grandes problemas es la falta de información facilitada por Gobierno y Organismos Oficiales y plantean soluciones, tales como el control exhaustivo de los procesos de facturación y contables, la incorporación de nuevos colectivos en el sistema de IVA reducido y superreducido, etc.
A este respecto, Reyna añade que la filosofía del Gobierno en materia de emprendedores y autónomos, es la acertada, pero "no saben articularla a través de la normativa y no son capaces de dialogar; se necesita un cambio de actitud".
Recordemos que durante su investidura, Rajoy se comprometió a aprobar una Ley de Emprendedores que favoreciese el trabajo autónomo y la creación de empleo. Proyecto olvidado y postergado sine die, a pesar de ser vía principal de salida a la crisis.
