Se estima que la deuda
de las administraciones públicas con sus proveedores ronda los 40.000
millones de euros. Además, el 97% de
las administraciones incumple el plazo de pagos para a proveedores,
establecido en 40 días por la Ley contra la Morosidad.
Y es que la morosidad
de las administraciones públicas supone el principal foco de destrucción de
autónomos, empresas y empleo. La media de cobro se sitúa en 164 días, cifra
similar a Grecia, y que prácticamente triplica la media de la Unión Europea.
Para tratar de abordar esta situación, el gobierno va a
poner en marcha un mecanismo para
garantizar el pago de facturas pendientes a proveedores mediante un consorcio bancario formado por el
Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las entidades bancarias.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos (ATA) considera esta medida como un balón de oxígeno para cientos de miles de autónomos que están pasando
por una situación muy complicada, ya que permitirá establecer un mecanismo más
ágil para que el autónomo pueda cobrar las facturas pendientes.
Como paso previo a la aprobación de este mecanismo, los ayuntamientos deberán enviar a Hacienda,
antes del 15 de marzo, la lista de facturas pendientes de pago a sus
proveedores para elaborar un inventario de las deudas. El mecanismo fijará como criterios
para la prioridad de cobro el descuento ofertado sobre el importe principal de la obligación pendiente de pago o
la antigüedad de la factura.
En caso de que alguna deuda no aparece en las listas de los ayuntamientos,
las empresas y autónomos podrán reclamar
un certificado si aportan la documentación necesaria, siempre que sus facturas se hayan emitido con fecha anterior al 1 de enero de 2012. Por su parte, las corporaciones locales tendrán que remitir un plan de
ajuste, antes del 31 de marzo, que les permita hacer frente al pago de dichas
deudas en el futuro.
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