El incumplimiento de los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad -aprobada hace casi dos años- por parte de las empresas españolas acentúa los problemas de liquidez que afectan las finanzas y la tesorería del país.
La realidad es que los plazos máximos que marca la ley no se están cumpliendo. Así se refleja en los datos, ya que de octubre a mayo de 2011, las empresas que registraban plazos de cobro superiores a los 85 días aumentaron en diez puntos, respecto a mayo de 2010, y se situaron en el 43%.
Este hecho está provocando cierto desencanto hacia la Ley contra la Morosidad, cuya aprobación fue acogida con recelo por parte del sector financiero, ya que se consideraba que esta normativa no era suficientemente clarificadora como para que se empezara a aplicar en la gestión de cobros de las empresas.
Pese a que muchas entidades han tomado medidas para poder cumplir con la legislación vigente en materia de morosidad, el incumplimiento de los plazos de pago se extiende entre el tejido empresarial, además de mantenerse por parte de la Administración. Esta situación compromete aún más la viabilidad económica de la pyme española.
Recordamos que la Ley de Morosidad fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, con un periodo de adaptación en ambos casos que se extenderá hasta 2013.
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